Dos condenados a un año de prisión por simular ser revisores del gas en la provincia de Cáceres para estafar a ancianos

Los acusados se desplazaron desde su residencia en Sevilla a las localidades de Alcántara, Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz

EFE

Arroyo de la Luz

Viernes, 14 de febrero 2020, 16:45

El Juzgado de lo Penal Nº 2 de Cáceres ha condenado a dos personas por un delito continuado de estafa a un año de prisión y a indemnizar con más de 1.250 euros cobrados indebidamente a vecinos de avanzada edad de Alcántara, Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz, haciéndose pasar por revisores del gas.

En concreto, se les condena a pagar en concepto de responsabilidad civil a las personas afectadas por la estafa una serie de cantidades que se sitúan entre 54 y 165 euros, según la sentencia, facilitada por el TSJEX, que es firme y contra la que no cabe recurso.

Se consideran hechos probados que los acusados, mayores de edad y sin antecedentes, entre los días 15 y 25 de enero de 2018, actuando de común acuerdo, se trasladaron a la provincia de Cáceres desde su residencia en la de Sevilla.

Lo hicieron tras lograr los datos de contacto de una serie de vecinos de las localidades de Alcántara, Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz, casi todos de avanzada edad, con los que contactaban manifestándoles que eran una empresa subcontratada por Repsol, para realizar las revisiones de las instalaciones de gas, a pesar de que no consta su habilitación para dicha actividad en Extremadura y de que no tienen relación alguna con la citada compañía.

De esta manera se presentaban en sus domicilios e insistían en la necesidad de realizar la revisión de la instalación, sin realizar presupuesto previo o informar del importe de las reparaciones y sustitución de piezas.

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Los ahora condenados procedían a cambiar piezas que, en la mayoría de las ocasiones se hallaban en perfecto estado y, junto con las facturas, ofrecían a la firma un documento de cuyo contenido no informaban y que constituía la suscripción de un contrato de mantenimiento por un periodo de cinco años.

Con este método, los acusados obtuvieron el abono de unos 100 euros por cada uno de los perjudicados a quienes visitaron.

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