El Cronista: 'Pagar por las «culpas» del otro. La violencia hacia la mujer republicana. El caso de Carmen Rebolledo López'

FRANCISCO JAVIER GARCÍA CARRERO Arroyo de la Luz

Francisco Javier García Carrero, cronista de Arroyo de la Luz, ha publicado un nuevo artículo a comienzos del presente mes de junio. Como siempre, lo ha hecho a través del blog de la Asociación Cultural Arroyo de la Luz Paisajes y Fiestas.

Como señaló el cronista en la presentación del artículo, lleva más de 20 años investigando la historia arroyana de los años 30 y 40 del pasado siglo. En dicha época, la figura del concejal Eusebio Bermejo Padilla, quien ocuparía el cargo entre febrero y julio de 1936, quedaba en blanco, no cuadrando con el resto de la corporación que, como mínimo, estuvieron en prisión tras la rebelión militar.

Tras la publicación de Francisco Javier en el blog del artículo, una de sus nietas le contactó por privado y le contó lo sucedido en aquellos años, arrojando luz a esta incógnita y recuperando la parte de la historia que parecía perdida.

Así ha podido completar un artículo escrito en 2008 y que explica en la última publicación, la cual compartimos a continuación y que puede encontrarse completo a través del siguiente enlace

https://arroyodelaluzpaisajesyfiestas.blogspot.com/2022/06/61-el-cronista-pagar-por-las-culpas-del.html?sc=1654542830408&fbclid=IwAR0tuRfgG8teCAaShbo6XNhtnHato1VxmciX0SyVL62FHchJC8wB53b9Fho#c5126042439022522383

El Cronista: 'Pagar por las «culpas» del otro. La violencia hacia la mujer republicana. El caso de Carmen Rebolledo López'

Introducción

El día 17 de julio de 1936 se inició un levantamiento militar contra el Gobierno de la República que días después se extendió por la mayor parte de España. El golpe de Estado fue un fracaso en una gran parte del país. No obstante, en otra parte significativa de España la insurrección militar, con el apoyo de elementos civiles paramilitares como fueron los falangistas, logró hacerse con el control de un número importante de provincias. Ese inesperado contratiempo para los rebeldes en la mitad del país forzó la conversión del golpe en una verdadera guerra civil de duración en principio incierta y de violencia creciente.

Aunque la historiografía partidaria de los sublevados siempre ha trasladado la información que el golpe militar se puso en funcionamiento después de la victoria del Frente Popular en febrero de 1936, hoy día conocemos por la numerosa bibliografía surgida en los últimos años, que prácticamente desde la proclamación de la Segunda República hubo intentos para derribarla, y todo ello sin olvidarnos del contexto de clara insurrección del ejército español en los últimos cien años.

No obstante, es cierto que los resultados obtenidos en los comicios del 16 de febrero de 1936 alarmaron a los dirigentes políticos de la coalición perdedora y de una parte importante de los altos mandos militares. Esta intranquilidad se manifestó en el intento de lograr, del todavía presidente del Gobierno, Portela Valladares, la declaración del estado de guerra. Aunque esta situación nunca llegó a producirse, lo que sí consiguieron fue que al menos se decretase el estado de alarma en todo el país con el fin de asegurar la paz ciudadana.

En consecuencia, después de la victoria del Frente Popular y la constitución del nuevo Gobierno, que paradójicamente no tenía en su seno ningún miembro de partidos obreristas, ya que todos pertenecían a agrupaciones burguesas de centro-izquierda, fue cuando se decidió de manera firme acabar con el Gobierno recién surgido de las urnas. A partir de ese instante, con el general Mola como su 'Director' y con la vista puesta en el general Sanjurjo como el militar en el que iba a recaer todo el poder como dictador, en todas las guarniciones españolas, incluidas las dos extremeñas, se produjo una actividad conspiradora que ya no se detendría hasta el pronunciamiento militar iniciado en el protectorado de Marruecos el día 17 de julio de 1936.

La última corporación municipal de la República en Arroyo. Medardo Cervera, alcalde socialista de la localidad

El 16 de febrero de 1936, domingo de carnaval, se celebraron en la localidad las últimas elecciones generales de la República. A diferencia de lo que sucedió en otros lugares de España, en Arroyo del Puerco la jornada transcurrió con absoluta normalidad y con una participación muy elevada que se acercó al 80% del censo electoral. También, a diferencia de lo que sucedió en algunas localidades de la provincia cacereña en la que se produjeron disputas e impugnaciones por los resultados que se dieron a conocer como definitivos, en esta población, en cambio, el triunfo resultó nítido a favor de la coalición del Frente Popular, escrutinio que hizo que los votos de los candidatos de la coalición ganadora doblaran prácticamente en número a los aspirantes de la derrotada coalición derechista.

A nivel local una de las primeras medidas que tomaron los nuevos gobernadores civiles de todas las provincias, que habían sido nombrados por el reciente Gobierno del presidente Manuel Azaña, fue la de reponer en sus puestos a los anteriores consistorios suspendidos desde los sucesos de octubre de 1934. En otros casos lo que se produjo, como sucedió en la localidad objeto de estudio, fue la suspensión completa de toda la corporación que había sido elegida en abril de 1931, mayoritariamente monárquica, y nombrar una completamente nueva, aunque algunos de sus integrantes sí habían sido elegidos en aquellas elecciones, como era el caso del que a la postre será nombrado como alcalde de la población. Se trataba, pues, de un Ayuntamiento provisional en el que todos sus miembros estaban adscritos a la coalición triunfante en las elecciones generales de febrero de 1936.

En consecuencia, el día 27 de febrero se recibió del nuevo gobernador civil, el santanderino Miguel Canales González, un oficio por el que acordaba la suspensión de todos los integrantes del Ayuntamiento arroyano hasta aquella fecha, y el nombramiento con carácter de interino de 17 nuevos regidores. Los elegidos eran todos activos militantes de partidos políticos de izquierda e integrantes de organizaciones obreras y sindicales muy reivindicativas desde los inicios de la República en la localidad. Concretamente quince de sus miembros en aquel instante estaban afiliados al PSOE, entre ellos el futuro alcalde Medardo Cervera Romáriz, y los otros dos restantes que completaban el consistorio municipal estaban adscritos al Partido Comunista. Aquel nombramiento, y la aceptación del cargo por parte de esos militantes le trajeron a la casi totalidad de ellos funestas consecuencias futuras, tal y como reflejamos en el cuadro número 1.

Cuadro nº 1

Cuadro elaboración propia. Fuentes diversas.

Entre los nombrados en el oficio del gobernador civil, se encontraba Medardo Cervera Romáriz, último alcalde de la Segunda República, un aperador de carros con gran instrucción ya que desde hacía 30 años venía colaborando como reportero periodístico en distintos rotativos extremeños que se movían generalmente en ámbitos republicanos. También había sido el principal activo en la población para que no se modificase el ancestral nombre del pueblo, tal y como se había intentado con un plebiscito que se organizó en la villa en 1929 e instigado por sectores cercanos a la iglesia local. Medardo era también un activista sindical que fue nombrado concejal en las elecciones de abril de 1931 y que ahora en el pleno de constitución del nuevo consistorio frentepopulista del 28 de febrero de 1936 será elegido flamante alcalde de la población con todos los votos de los 15 concejales que estuvieron presentes aquella jornada.

En ese momento Medardo Cervera Romáriz contaba 60 años de edad ya que había nacido en 1886. No era arroyano de nacimiento, ya que era originario de Cañaveral (Cáceres) aunque llevaba muchos años residiendo en esta población. Estaba casado con Carmen Rebolledo López y con la que tenía un hijo adoptado llamado Timoteo Modesto. Residía el matrimonio con su vástago en la calle Francisco Pizarro número 3, y muy próximo a esa vivienda poseían en la calle Parra el taller en el que ejercía de aperador de carros con el que el matrimonio se ganaba la vida.

Por consiguiente, en el momento de iniciarse la guerra Medardo, con la alcaldía de una localidad de 10.000 habitantes y con lo próspero del negocio, mantenía una vida holgada y sin problemas económicos en el entonces Arroyo del Puerco. Una situación personal que se truncó en los primeros días de la sublevación y que arrastró a su esposa, una mujer que jamás había participado en ninguna de las organizaciones políticas femeninas que se fundaron en la villa durante los años republicanos y en las que sí participaron otras mujeres arroyanas que también fueron objeto de represión.

Medardo, a pesar de su profesión, había participado y apoyado todos los movimientos reivindicativos de tierras desde los inicios de la República en la localidad. De hecho, desde que fue concejal, e incluso como alcalde interino durante unos meses, colaboró activamente con los dirigentes del primer sindicato de clase que se constituyó en Arroyo del Puerco pocos días después de proclamada la Segunda República. Una sociedad obrera de oficios varios y mítica en la localidad que tuvo por nombre Luz y Progreso, y cuyo presidente fue otro de los que posteriormente conformaron la corporación frente-populista anteriormente referida y nombrado primer teniente de alcalde del Ayuntamiento arroyano, Indalecio Talavera Román.

La primavera del Frente Popular en la localidad fueron los meses claves en el devenir de los acontecimientos para Medardo y su mujer. Como alcalde de la corporación vivió en primera persona todas las disputas existentes entre las distintas facciones políticas que albergaba la población. Por ejemplo, una de las primeras medidas que tomó la nueva corporación fue la apertura de varios expedientes disciplinarios contra algunos empleados del Ayuntamiento que se mostraron abiertamente contrarios no solo hacia el nuevo poder municipal, sino enemigos de la propia República. Una situación que generó gran resentimiento entre los afectados, y que se evidenció en los meses siguientes cuando fueron repuestos en sus puestos de trabajos, y una vez que los sublevados se hicieron con el control absoluto de la población después del golpe militar del mes julio de 1936.

Otro apartado que generó gran crispación en la localidad fue la reanudación en las invasiones y roturaciones de fincas que protagonizaron los agricultores arroyanos, que si bien no estaban alentadas por el consistorio frente populista, nunca fueron puestas en entredicho por la nueva corporación municipal, tal y como se evidencia en estas palabras del alcalde Medardo Cervera Romáriz y que habían sido pronunciadas en más de una ocasión, «procuraría solucionar el conflicto latente, pero que en ningún caso utilizaría la fuerza armada tal y como le pedían desde los sectores afectados».

El siguiente aspecto que enconó los ánimos en la localidad, especialmente con los seguidores de los partidos derechistas, fue el intento de la corporación recién nombrada de suprimir cualquier tipo de subvención municipal a las escuelas religiosas en la población. Efectivamente, en marzo de 1936 todos los concejales arroyanos con su alcalde a la cabeza aprobaron la supresión de los pagos que regularmente se realizaban al colegio de las monjas que se ubicaba en la ermita de San Sebastián y donde estudiaban unos 350 escolares. El alcalde Cervera para reafirmar su actitud no tuvo ningún reparo en recordar que «la Constitución prohibía a los religiosos dedicarse a la enseñanza».

Un nuevo suceso que enturbió las relaciones de los miembros del consistorio con los seguidores y afiliados a Falange Española se produjo en abril de 1936. Y todo ello, porque en la madrugada del día 20 de ese mes la localidad apareció plagada de carteles con escritos contrarios al Gobierno de la República y a sus dirigentes locales, una cartelería que fue considerada como subversiva, con «vivas al fascismo» y que concluyó con la detención de un número importante de los falangistas arroyanos. El arresto generó una gran agitación en el pueblo cuando las fuerzas izquierdistas convocaron una concentración multitudinaria en la plaza mayor, y frente al Ayuntamiento exigieron que los arrestados siguiesen detenidos y no fuesen puestos en libertad, situación que no lograron ya que pocas jornadas después, y registrados los domicilios particulares de los encartados por la autoridad competente, fueron todos ellos puestos en libertad. De la misma forma, aquella la manifestación fue disuelta por la Guardia Civil, con el cabo Antúnez, comandante de Puesto a la cabeza.

En resumen, nos encontramos con una serie de actitudes globales de la corporación municipal que «atacaban» intereses muy concretos de lo que había sido la sociedad tradicional en la localidad arroyana durante muchos años, y un posicionamiento personal del alcalde por tratar de mejorar la vida de sus paisanos apostando abiertamente por el estado republicano. En definitiva, un esfuerzo del alcalde como cabeza del Ayuntamiento que trataba de transformar conductas atávicas en la villa y que se toparon de frente con la intransigencia de las «fuerzas vivas de la población», que se negaban a perder cualquiera de sus privilegios de siglos.

Golpe de Estado, control insurgente e inicio del proceso represivo en Arroyo del Puerco

El golpe militar se inició en África el 17 de julio y fue muy pronto secundado por las autoridades militares de distintas provincias españolas entre las que se encontraban las de Cáceres. El coronel Álvarez Díaz, aunque no había participado en el movimiento sedicioso preparatorio de los meses anteriores, poco después de las órdenes recibidas desde Valladolid, Región Militar a la que pertenecía la provincia de Cáceres, decidió sumarse a la rebelión y proclamar el estado de guerra en todo el territorio bajo su mando.

El Ayuntamiento arroyano, conocedor de todos los movimientos en la capital de la provincia, y después de una reunión de urgencia, una sesión que fue la clave de todo el proceso penal contra la mayor parte de los republicanos que allí se encontraban, decidió convocar una manifestación pacífica de apoyo al Estado republicano, una convocatoria con un único lema, «Defender la República», que recorrió algunas de las calles de la población y que finalizó en la Plaza de la Constitución sin mayores incidencias. Y todo ello a la espera en el interior del Ayuntamiento de la decisión que tomara la Guardia Civil del Puesto de la localidad: «Estuvimos reunidos toda la tarde en el Ayuntamiento. Cervera, el alcalde, habló con la Guardia Civil para saber en qué posición estaba y contestaron que estaban a la espera de las órdenes que les dieran desde Cáceres».

Aquellas órdenes no tardaron en recibirse, concretamente el 20 de julio la Benemérita local fue conminada desde la Comandancia provincial, ya controlada por las fuerzas sediciosas, a secundar la sublevación militar por lo que aquel mismo día fue declarado el estado de guerra en la población. De esta forma, el brigada del Cuerpo, Emiliano Planchuelo Cortijo, delegado gubernativo de las nuevas autoridades rebeldes de la capital en toda esta zona, junto al Comandante del Puesto de la Guardia Civil, León Antúnez del Corral, y con la ayuda inestimable de los falangistas locales, que habían estado concentrados en las dependencias de la Guardia Civil desde el día anterior, procedieron en primer lugar a la ocupación y clausura de la Casa del Pueblo. Una vez controlada, el 21 de julio tuvo lugar la toma del Ayuntamiento. Se citó al alcalde y a todos sus concejales para que renunciaran a sus puestos, para a continuación ultimar el nombramiento de una Comisión Gestora Provisional que fuese afín a los insurgentes. Entre los nombrados se encontraban Nicolás Sánchez Asensio, líder de la Derecha Local Agraria, y el falangista Francisco González Toril.

A pesar de la destitución fulminante, el alcalde Cervera quiso dejar constancia en documento oficial que aquello no dejaba de ser un acto de fuerza y contrario a las leyes vigentes y a la Constitución de la República. Se trata de un documento recogido en Acta de Pleno que se convirtió en su epitafio político. Unas declaraciones llenas de cordura que no sirvieron para nada, ya que inmediatamente fue detenido, encarcelado y apaleado en la prisión local y posteriormente trasladado a la cárcel de Cáceres donde sufrió un irregular consejo de guerra que lo condenó a pena de muerte: «En mi nombre, y en el de la Corporación que me he honrado en presidir, habiendo obtenido sus cargos por un gobierno legalmente constituido y encontrándose la nación en estado revolucionario, y no constándome de una manera fehaciente que la orden recibida del señor Jefe de la Guardia Civil, para que cesen en sus cargos tenga la fuerza de legalidad necesaria, lo acepto, como cosa de fuerza mayor y contra mis deseos y sin resistencia».

No todos los concejales se presentaron en la casa consistorial, algunos de ellos, observando los derroteros por los que marchaba el movimiento sedicioso en la localidad, decidieron reunirse secretamente aquella misma jornada para concluir qué opción tomar. Efectivamente, la misma madrugada del 21 de julio algunos de los concejales, entre los que se encontraba el socialista Luis Santano Javato, junto a otros dirigentes de las Juventudes Unificadas, y varios simpatizantes del Gobierno republicano estuvieron debatiendo la posibilidad de huir de la localidad más pronto que tarde porque las noticias que comenzaron a llegarles no eran en absoluto halagüeñas para su causa.

En paralelo a todos estos sucesos, y aunque los partidarios de la rebelión en la localidad en ningún instante sufrieron daño alguno ni en sus personas ni en sus propiedades, dada la llamada al orden que siempre impuso el alcalde Medardo Cervera, se inició un proceso represivo casi indiscriminado que se tradujo en múltiples detenciones de los partidarios del modelo republicano, que era la inmensa mayoría de los arroyanos, tal y como demostraron en las pasadas elecciones de febrero de 1936 y a la que antes hemos hecho referencia.

Esos arrestos originaron numerosos encarcelamientos, primero en la penitenciaría de la localidad, un edificio situado en la plaza del Ayuntamiento, de dos pisos de alturas y de unos 120 metros cuadrados, y posteriormente trasladados hasta la prisión provincial de Cáceres. Las palizas a los presos no tardaron en llegar en la primera penitenciaría, particularmente sangrante, teniendo en cuanta la actitud que siempre tuvo para apaciguar los ánimos fue las que le dieron al alcalde, «parece mentira cómo lo maltrataban, cuando él fue quien evitó que los republicanos de Arroyo, con armas en la mano, saliesen a la calle tras el 18 de julio y linchasen a los componentes de la Benemérita de ese pueblo».

Por otro lado, la ocupación de la localidad y la toma de todos los resortes del poder municipal por las fuerzas sublevadas provocó el inicio de una de las prácticas más dramáticas de estos últimos días del mes de julio y de la mayor parte del mes de agosto, el «paseo»; es decir, la muerte de varios arroyanos que los insurgentes entendieron como «desafectos» a la causa rebelde. Se asesinó impunemente en el Puente de Alcántara, en descampados próximos a la localidad e incluso hasta en el interior del Ayuntamiento arroyano.

De la misma forma, otro número muy importante de arroyanos, cercanos a la centena, conocieron las cárceles franquistas desde donde muchos de ellos partieron para sufrir unos irregulares consejos de guerra que en número importante acabaron en pena capital y delante, por consiguiente, de un pelotón de fusilamiento. Ese fue el caso del último alcalde de la corporación republicana, Medardo Cervera Romáriz que fue ejecutado en diciembre de 1936, o también el de la única mujer arroyana fusilada, la comadrona de la localidad, y esposa del fundador del PSOE local Polonia María Mateos Pérez. Junto a ellos dos, otros doce paisanos más conocieron este trágico final entre los años 1936 y 1940.

Medardo Cervera, fusilado. Inicio del expediente de Responsabilidades Políticas

Medardo Cervera junto con otros compañeros del consistorio estuvo preso en la cárcel arroyana desde el mismo día 21 de julio hasta el día 17 de agosto. Aquella jornada, y conducido por la Guardia Civil local, fue trasladado hasta la prisión cacereña. En esta cárcel coincidió con el resto de paisanos que también estaban detenidos y que como él tuvieron que pasar por un consejo de guerra que se celebró el 21 de octubre de 1936.

Como la totalidad de los consejos celebrados durante la guerra y el franquismo, el acto careció de toda garantía procesal. Y es que no debemos olvidar que todos estos procesos judiciales estuvieron plagados de numerosas irregularidades porque el acusado tenía, entre otras deficiencias legislativas, poca o ninguna posibilidad de tutela real. Por otro lado, su abogado defensor en el consejo de guerra era también un militar, por consiguiente, partidario de la sublevación, y generalmente de menor graduación castrense que el fiscal o que el tribunal sentenciador. Un abogado defensor que prácticamente no llegó a conocer al penado, ni la sustanciación del proceso y que, por lo tanto, se limitó a pedir clemencia al tribunal juzgador, asumiendo de esta forma todas las acusaciones que se vertieron contra su supuesto defendido.

La sentencia que se vertió en aquel juicio, marcó unos resultandos que hicieron referencia fundamentalmente al momento en el que el alcalde estuvo reunido en el Ayuntamiento junto al resto de concejales y otros vecinos partidarios del modelo republicano (la tarde del 19 de julio de 1936), «que a Medardo Cervera, aparte de su actuación de dirigente que se dejó consignada, se le incautó una pistola del calibre 7,65 que tenía en su poder siendo su procedencia la entrega que de ella le había hecho Romero Solano con fines revolucionarios(…)». A esos resultandos se añadieron unos considerandos, y unos hechos probados que nunca existieron tal y como reflejó el juicio, ya que no debemos olvidar que toda esta documentación es «de parte». Todo ello provocó un fallo que dictó una sentencia de muerte que estaba prevista antes de iniciarse todo este simulacro de juicio, y que tuvo lugar en el edificio de la Diputación. «Fallamos que debemos condenar y condenamos a los procesados Medardo Cervera Romáriz (…) como responsable de un delito de adhesión a la rebelión militar, con la concurrencia de la circunstancia agravante muy calificada, a la pena de muerte».

Esa adhesión a la rebelión militar no conformó exclusivamente lo que entendemos como «justicia al revés», que también, sino que de la misma forma se trataba de una cuestión que tenía que ver mucho más con la «venganza» y con una serie de juicios que se entendían no como un contrincante político sino como un «enemigo», tal y como ha demostrado Ignacio Tébar para el caso de la provincia de Alicante.

Con el fusilamiento del alcalde Cervera se consumó la mayor tragedia que un represaliado por el franquismo podía llegar a tener. Pero con ser un infortunio casi imposible de superar por la familia, no con ello concluyeron las desdichas para sus allegados. Fusilado el padre de familia, su mujer, Carmen Rebolledo, y su hijo, Timoteo Modesto, tuvieron que hacer frente a un expediente de responsabilidades políticas que les condenó, en agosto de 1939, casi tres años después de su ejecución, a pagar esa supuesta responsabilidad del «cabeza de familia» con la «totalidad de sus bienes», dirá el documento oficial. O lo que es lo mismo, se les obligó a madre e hijo a sufragar esa «culpa» exclusivamente por el parentesco de ser esposa e hijo del fusilado.

El entramado jurídico que hizo posible este despropósito se fundamentó en la publicación de la Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939 [28]. La normativa determinaba las culpas de cualquier penado desde el mes de octubre de 1934, lo cual ampliaba las posibilidades represivas. El capítulo II en su artículo 4º expresaba claramente que quedaban incursos en responsabilidad política las personas que se encontraban comprendidas en alguno de los siguientes casos: «Haber sido condenado por la jurisdicción militar, haber desempeñado cargo o estar afiliado a partidos del Frente Popular, haber sido apoderado o interventor del Frente Popular, pertenecer o haber pertenecido a la Masonería, haber realizado actos encaminados o fomentar con eficacia la situación anárquica, haberse opuesto de manera activa al Movimiento Nacional».

Como Medardo estaba incurso en varios de los motivos que especificaba la norma, se le aplicó una de las sanciones que preveía esta Ley y que era obligatoria, la económica (capítulo III, artículo 10). Abiertas las diligencias procesales para determinar la cuantía que le correspondía pagar al procesado se determinó que la misma sería la de la «totalidad de los bienes, además de 500 pesetas para sufragar las costas». Como Medardo estaba «fallecido», se estipuló que la vía de la indemnización como responsable político se debería hacerse ejecutiva a cargo de su caudal hereditario. Para ello se señaló al juzgado arroyano para que nombrara peritos que «tasaran las propiedades» de la familia del ejecutado.

A partir de este instante, la maquinaria administrativa del franquismo se puso en marcha y no tardaron en llegar los problemas a Carmen Rebolledo y a su hijo Timoteo. En el mes de agosto de 1939 se presentaron en su domicilio los peritos designados para valorar sus propiedades, indicándole que les serían embargadas en su totalidad. Ante semejante atropello, la esposa en un último intento por detener el expediente sancionador envió un escrito de súplica al gobernador civil, como Presidente de la Junta Provincial de Incautaciones y que está fechado el 21 de agosto. En el mismo señalaba que los bienes que se querían embargar, su casa y el taller de su marido, «Medardo Cervera Romáriz, difunto, fueron adquiridos dentro del matrimonio con capital expreso de la dicente, fincas de escasísimo valor y único medio de fortuna con que cuenta. De realizarse el embargo hasta su remate, llegaría a la mayor indigencia, con una situación harto precaria, por carecer en absoluto de otros bienes. La incautación llevada a cabo en este caso concreto, no sólo dejaría a la exponente en la mayor miseria, sino que acarrearía los consiguientes perjuicios a un hijo adoptado llamado Timoteo Modesto Cervera Rebolledo».

La súplica no surtió efecto alguno entre el aparato de la nueva administración franquista ya que poco después, tanto la casa familiar situada en la calle Francisco Pizarro y el taller de carruajes en la calle Parra, y que había servido de sustento económico a la familia durante varias décadas, les fueron definitivamente embargadas y adquiridas por otros propietarios que aprovecharon la coyuntura que se les presentó. En estas circunstancias a Carmen lo único que le quedó fue un poso de tristeza que nunca logró superar. Pocos años después, y cuando contaba 65 años de edad, falleció un 15 de diciembre de 1945 siendo enterrada en el cementerio de Arroyo de la Luz, un funeral casi íntimo ya que muy pocas personas quisieron dar su último adiós.

Y si todo lo anterior no había resultado tremendamente dramático para la familia Cervera Rebolledo, es decir, si ello todavía resultara insuficiente desde el punto de vista social los descendientes de cualquier fusilado por el franquismo siempre tuvieron que convivir a lo largo de toda la dictadura con el estigma de ser familia de un «rojo», con todo lo que ello significaba de sufrimiento, horror, miedo permanente y muchas lágrimas vertidas anónimamente.

Debido a ello, este tipo de situaciones, que son extrapolables a cientos de casos por toda la geografía española, se vivieron en la mayor parte de las ocasiones en el más absoluto de los silencios, con la loable finalidad de hacer soportable a nietos y bisnietos el terrible suceso que tuvo que vivir la familia durante la guerra, y del que muchos de ellos casi no habían oído ni mentar. Por ello, no fue hasta bien avanzada la democracia en nuestro país cuando comenzaron a salir a la luz, aunque de manera somera en muchos casos, todos estos episodios, y que no sea hasta la actualidad cuando estas ejecuciones sumariales y las consecuencias de aquellas muertes han podido conocerse con muchos más detalles.

Conclusiones

Uno de los principales problemas cuando se analiza la represión franquista, y quizás el mayor de todos ellos, estribó en que la violencia, en sus distintas acepciones durante toda la larga posguerra, fue mantener las mismas pautas de horror y terror que se experimentaron durante los tres años de guerra civil. Una actitud que siguió utilizándose contra el «enemigo interior», y contra su familia, durante toda la dictadura franquista. Es decir, como si la guerra aún no hubiese concluido en aquella primavera de 1939. Generalizándose el miedo, por consiguiente, como uno de los ingredientes consustanciales de la dictadura para tratar de someter al posible desafecto.

La larga continuidad en el tiempo de este terror generalizado contra los que se entendían como disidentes y contra sus familiares fue, con seguridad, el principal trauma generacional que aún hoy, en 2022 y en no pocos casos, no han logrado superar los que fueron derrotados por la fuerza de las armas aquel primero de abril de 1939. En todo ese entramado represivo la mujer, por el mero hecho de ser mujer, también experimentó siempre una doble represión. Y en muchos ejemplos, como hemos visto en este artículo, sin participar en ningún momento de la actividad política que, de cualquier forma, hubiese sido legal en aquella sociedad democrática como fue la de la Segunda República.