El presunto asesino de Sofía Tato sigue hospitalizado, pendiente de ir a prisión

Santiago Cámara, el presunto asesino de Sofía Tato, continúa ingresado en la planta de custodia del Hospital San Pedro de Alcántara, en donde permanecerá hasta su traslado a prisión, en virtud de la orden del titular de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 que se hace cargo de su caso por el momento, hasta que pase al número 6, que se encarga de estos casos. A Cámara le espera prisión incondicional inmediata.

El estado de salud de Cámara, que presuntamente asesinó a su esposa el pasado día 24 de agosto en su domicilio de Arroyo de la Luz, donde estaban sus hijas de 9 y 11 años, es «estable», según la información proporcionada por el Servicio Extremeño de Salud (SES), que ayer precisó que al paciente se le quitó el tubo del tórax y que «en los próximos días se le dará el alta».

La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, aportó ayer esta misma información. Cámara se recupera de distintas heridas cuyo origen no está aclarado, ya que la instrucción se efectúa bajo secreto. El presunto asesino sufrió una puñalada en el pecho y media docena de pequeños cortes en cara, cuello, brazos y piernas. Permaneció desde el jueves al sábado en la UCI. Actualmente, al tener la consideración de preso, le custodia el cuerpo nacional de Policía.

Las versiones, siempre extraoficiales, ya que aún no ha trascendido ningún resultado de las investigaciones, abarcan desde una posible autolesión tras el presunto asesinato de su esposa hasta una posible respuesta por parte de su mujer al ser atacada.

En la recreación del relato de los hechos también se ha llegado a atribuir a Sofía Tato el inicio de ataque al que respondió su marido. Nada que aún se haya confirmado de manera oficial. Tampoco han trascendido detalles sobre la autopsia realizada al cuerpo de Sofía Tato, una información muy importante en la investigación.

Santiago Cámara ya cuenta con asesoramiento legal por parte de una abogada. La letrada insistió a este medio que el caso se encuentra en fase de Instrucción y que por el momento, al «estar abierta la investigación» no podía hacer declaraciones.

Otra de las cuestiones que decretó el magistrado fue la de que la Junta asumiera la figura de guardia administrativa a la espera de que se determinara la custodia de las niñas, de 9 y 11, que han perdido a su madre y cuyo padre ingresará en prisión próximamente.

Desde el primer momento la Junta de Extremadura inició el protocolo establecido para los casos de violencia de género, y las niñas recibieron asistencia psicológica para poder encajar el duro golpe. El sistema está diseñado para la seguridad y la defensa jurídica de las víctimas menores de violencia de género. La Junta de Extremadura se personará como acusación en el caso para proteger a las dos víctimas menores. Tal y como explica un familiar de Sofía Tato, las niñas se encuentran ahora con la abuela materna.

Violencia de género

Una de las cuestiones que generó ciertas dudas entre la población de Arroyo fue la denominación del caso como violencia de género. Tal y como explica el abogado Manuel Guisado, colaborador de Adhex (Asociación de Derechos Humanos de Extremadura) siempre que una mujer es asesinada por su pareja (marido, novio o cualquier otro tipo de relación sentimental) se considera violencia de género. La ley integral contra la violencia de género, que se aprobó en el año 2004, establece esta denominación.

Por ella «se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia. Es, tal y como explica Guisado, «discriminación positiva» para promover la protección a las mujeres.

«En el caso de haber habido malos tratos previamente y Sofía los hubiera denunciado se hubieran activado los protocolos de protección, que en muchos casos se concretan en órdenes de alejamiento», precisa. A expensas de la sentencia que pueda salir tras el juicio, incluso si el presunto asesino resultara absuelto por demostrarse que actuaba en defensa propia, este caso continuaría siendo tratado como violencia de género.